Decreto 3-95 - Nicaragua

El IBI grava las propiedades inmuebles ubicadas en la circunscripción territorial de cada Municipio de la República y poseídas al 31 de diciembre de cada año gravable. Para efectos del IBI se consideran bienes inmuebles: a) Los terrenos, las plantaciones estables o permanentes, y las instalaciones o construcciones fijas y permanentes que en ellos existan; y b) Todos los bienes aún cuando no fueren clasificables conforme el inciso a) anterior, pero que con arreglo a los Artos. 599 y 6
Arto. 4.- La tasa o alícuota del IBI será el uno por ciento (1%) sobre la base o Monto Imponible determinado de conformidad con las disposiciones del Capítulo III de este Decreto.
Arto. 27.- Créase la Comisión Nacional de Catastro, la cual estará bajo la coordinación del Director del Catastro Fiscal, y tendrá las atribuciones: a) Autorizar a los municipios para que puedan emitir y notificar los Avalúos Catastrales Municipales; b) Registrar y autorizar a las personas naturales o jurídicas para que puedan ofertar servicios de valuación de bienes inmuebles con fines relacionados a lo estipulado en el inciso c) del Arto. 14 de este Decreto; c) Aprobar las tablas de valores y costos municipales, a propuesta de los Consejos Municipales, para establecer el Avalúo Catastral Municipal originado en el equipo técnico de las municipalidades, el Autoevalúo Municipal, en su caso.
 

Están exentos del pago del IBI pero con la obligación de presentar declaración como requisito para poder obtener el respectivo crédito contra impuesto por los bienes inmuebles que posean y que estén relacionados exclusivamente con sus fines, las siguientes personas: 
1. Las asociaciones de municipios;
3. Las Comunidades Indígenas. Ver artículo 17 de la ley 452, de solvencia municipal. 
4. Las instituciones de beneficencia y de asistencia social sin fines de lucro. 
5. Los jubilados por la casa en que habitan, siempre que la persona jubilada o su cónyuge o compañero en unión de hecho estable, sea propietario o usufructuario del bien inmueble. 
6. Las universidades y centros de educación técnica superior; 
7. Las instituciones culturales, científicas, deportivas y artísticas; los sindicatos y asociaciones de trabajadores y profesionales; y las asociaciones gremiales, siempre que no persigan fines de lucro; 
8. Empresas que operan en Zonas Francas Industriales de Exportación; 
9. Los Cuerpos de Bomberos; 
10. La Cruz Roja Nacional.