Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías en la Ciudad de México

Para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos, violen, entre otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo sólo en casos excepcionales.  Antes de realizarse, las personas que serán desalojadas tienen
el derecho a: no ser discriminadas, que se estudien todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la
necesidad de recurrir a la fuerza; la debida indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales; y
contar con las debidas garantías procesales, lo que incluye la obligación del juez de dar audiencia a las personas que puedan
ser objeto de un lanzamiento de su domicilio. Las autoridades competentes deben garantizar el adecuado realojamiento, de
las personas sin recursos desalojadas, en un radio no mayor a 15 kilómetros tomando como centro el lugar de origen.
Las autoridades y poderes públicos de la Ciudad pondrán a disposición la información pública necesaria para conocer el
número de personas desalojadas de las viviendas en las cuales tenían su domicilio, el lugar y las causas de los desalojos.
El Gobierno de la Ciudad de México, con base en el Plan General de Desarrollo y en el Programa de Ordenamiento
Territorial, diseñará, ejecutará y regulará la política habitacional que garantice el pleno cumplimiento de lo establecido en
los párrafos anteriores. Esta política contará con la participación de los sectores público, privado, social, y académico.