Informe revela impactos de las inundaciones en Rio Grande do Sul y propone estrategias para la reconstrucción resiliente
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La evaluación de los efectos e impactos de las inundaciones que azotaron al estado brasileño de Rio Grande do Sul, en abril y mayo de 2024, fue recientemente publicada en un informe conjunto elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Grupo Banco Mundial, en colaboración con diversas entidades del Sistema de las Naciones Unidas en Brasil y con el apoyo de autoridades federales, estatales y municipales.
El estudio se basa en una metodología internacionalmente reconocida para la Evaluación de Daños y Pérdidas de Desastres (DaLA por sus siglas en inglés) desarrollada por la CEPAL y aplicada a más de una centena de desastres en 28 países de América Latina y el Caribe. Según esta evaluación, los efectos totales de las inundaciones en Rio Grande do Sul ascienden a R$ 88,9 mil millones, de los cuales 69% (R$ 61 mil millones) corresponden al sector productivo, 21% a sectores sociales (R$ 19 mil millones); 8% a infraestructura (R$ 7 mil millones); y 1,8% al medio ambiente (R$ 1,6 mil millones).
La vivienda ha sido el principal componente de los impactos del sector social, con daños, pérdidas y costos adicionales que suman R$ 9 mil millones. Las inundaciones dañaron 388.732 viviendas en 321 municipios, dejando temporal o permanentemente desalojadas a 581.638 personas. La afectación representa casi un quinto (19%) de las viviendas del estado. Asimismo, en varios municipios la afectación ha sido considerablemente más severa, alcanzando proporciones entre el 40% y el 70% de las viviendas.
El informe incluye una serie de recomendaciones centradas en la reconstrucción resiliente para aplicar a corto plazo (de 6 a 12 meses) asi como recomendaciones estratégicas a mediano plazo. Las principales recomendaciones incluyen la reconstrucción de estructuras para mejorar la resiliencia a las inundaciones (diques con una altura consistente y un sistema de bombeo), la protección de la población ubicada en zonas de riesgo, la mejora de los sistemas de alerta temprana, la actualización de los planes directores y la formalización de un organismo técnico-científico para identificar los riesgos, entre otros.
La tragedia ha puesto en relieve la urgencia de repensar la ocupación del suelo en zonas vulnerables y de promover una planificación urbana más resiliente frente a eventos extremos.
