El Salvador es una república unitaria. Su Constitución Política incentivó el proceso de descentralización, denominando a las municipalidades como gobiernos autónomos en lo técnico, económico y administrativo. Las autoridades municipales tienen el poder para regular sus propios impuestos. Los Departamentos solo son divisiones administrativas y desconcentradas que representan al gobierno central.

Los principales ingresos municipales se componen de las transferencias del gobierno central, que representan en promedio el 62% de los ingresos locales (2024), lo que señala una gran dependencia, seguido de las tasas, licencias e impuestos locales. Dentro de los impuestos locales, el más importante es el impuesto de giro, que grava los activos, el capital y la utilidad de las actividades económicas desarrolladas en el municipio. El Salvador no cuenta con un impuesto predial: es el único país centroamericano sin un tributo general y recurrente sobre la propiedad inmobiliaria.