Constitución Nacional de la República del Paraguay de 1992 - Paraguay

el carácter de los planes de desarrollo. Los planes nacionales de desarrollo serán indicativos para el sector privado, y de cumplimiento obligatorio para el sector público.

Del derecho a un ambiente saludable: Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política gubernamental pertinente. 

Del derecho a la vivienda: Todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna. El Estado establecerá las condiciones para hacer efectivo este derecho, y promoverá planes de vivienda de interés social, especialmente las destinadas a familias de escasos recursos, mediante sistemas de financiamiento adecuados. 

El Gobierno Departamental tiene como objeto:

a) Elaborar, aprobar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del Departamento, cuyos lineamientos fundamentales deberán coordinarse con los del Gobierno Nacional y en particular con el Plan Nacional de Desarrollo. Para el efecto, la Secretaría Técnica de Planificación, o la entidad que la sustituya, asistirá técnicamente a cada Gobierno Departamental en la elaboración de los mismos, para asegurar la congruencia entre políticas y planes nacionales, departamentales y municipales;

b) Coordinar planes, programas y proyectos con las Municipalidades del Departamento y cooperar con ellas cuando éstas la soliciten;

 

Son deberes y atribuciones del Gobernador:

f) Elaborar y someter a consideración de la Junta Departamental los planes, programas y proyectos departamentales de desarrollo y ejecutarlos.

 

Impuestos Municipales. Son impuestos de fuente municipal, los siguientes: 

a impuesto inmobiliario, en los porcentajes establecidos en la Constitución Nacional; 

b impuesto a los baldíos y a inmuebles de grandes extensiones; 

c patente comercial, industrial y profesional; 

d patentes de rodados; 

e a la construcción; 

f al fraccionamiento de la propiedad inmobiliaria; 

g a la transferencia de dominio de bienes raíces;

h edilicio; 

i de registro de marcas de ganado; 

j de transferencia y faenamiento de ganado; 

k al transporte público de pasajeros; 

l a los espectáculos públicos y a los juegos de entretenimientos y de azar; 

m a las rifas y sorteos; 

n a las operaciones de crédito; 

ñ a la publicidad y propaganda; 

o a sellados y estampillas municipales; 

p de cementerios; 

q a los propietarios de animales; 

r los demás creados por ley

 

El gobierno de cada departamento será ejercido por un gobernador y por una junta departamental. Serán electos por voto directo de los ciudadanos radicados en los respectivos departamentos, en comicios coincidentes con las elecciones generales, y durarán cinco años en sus funciones. 

El gobernador representa al Poder Ejecutivo en la ejecución de la política nacional. No podrá ser electo. 

La ley determinará la composición y las funciones de las juntas departamentales.

 

De la competencia

Es de competencia del gobierno departamental:

1.        coordinar sus actividades con las de las distintas municipalidades del departamento; organizar los servicios departamentales comunes, tales como obras públicas, provisión de energía, de agua potable y los demás que afecten conjuntamente a más de un Municipio, así como promover las asociaciones de cooperación entre ellos; 

2.        preparar el plan de desarrollo departamental, que deberá coordinarse con el Plan Nacional de Desarrollo, y elaborar la formulación presupuestaria anual, a considerarse en el Presupuesto General de la Nación; 

3.        coordinar la acción departamental con las actividades del gobierno central, en especial lo relacionado con las oficinas de carácter nacional del departamento, primordialmente en el ámbito de la salud y en el de la educación; 

4.        disponer la integración de los Consejos de Desarrollo Departamental, y 

5.        las demás competencias que fijen esta Constitución y la ley. 

 

De los Recursos Propios

1.        la porción correspondiente de impuestos, tasas y contribuciones que se definan y regulen por esta constitución y por la ley; 

2.        las asignaciones o subvenciones que les destinen el Gobierno nacional; 

3.        las rentas propias determinadas por ley, así como las donaciones y los 

legados, y 

4.        los demás recursos que fije la ley. 

 

De la Autonomía 

Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos. 

 

De las Atribuciones

Serán atribuciones de las municipalidades, en su jurisdicción territorial y con arreglo a la ley: 

1.        la libre gestión en materias de su competencia, particularmente en las de urbanismo, ambiente, abasto, educación, cultura, deporte, turismo, asistencia sanitaria y social, instituciones de crédito, cuerpos de inspección y de policía; 

2.        la administración y la disposición de sus bienes; 

3.        la elaboración de su presupuesto de ingresos y egresos; 

4.        la participación en las rentas nacionales; 

5.        la regulación del monto de las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, no pudiendo sobrepasar el costo de los mismos; 

6.        el dictado de ordenanzas, reglamentos y resoluciones; 

7.        el acceso al crédito privado y al crédito público, nacional e internacional; 

8.        la reglamentación y la fiscalización del tránsito, del transporte público y la de otras materias relativas a la circulación de vehículos, y 

9.        las demás atribuciones que fijen esta Constitución y la ley. 

 

Del Impuesto Inmobiliario

Corresponderá a las municipalidades y a los departamentos la totalidad de los tributos que graven la propiedad inmueble en forma directa. Su recaudación será competencia de las municipalidades. El setenta por ciento de lo recaudado por cada municipalidad quedará en propiedad de la misma, el quince por ciento en la del departamento respectivo y el quince por ciento restante será distribuido entre las municipalidades de menores recursos, de acuerdo con la ley. 

 

De la Protección de los Recursos

Ninguna institución del Estado, ente autónomo, autárquico o descentralizado podrá apropiarse de ingresos o rentas de las municipalidades. 

 

DEL AMPARO. Toda persona que por un acto u omisión, manifiestamente ilegítimo, de una autoridad o de un particular, se considere lesionada gravemente, o en peligro inminente de serlo en derechos o garantías consagradas en esta Constitución o en la ley, y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, puede promover amparo ante el magistrado competente. El procedimiento será breve, sumario, gratuito, y de acción popular para los casos previstos en la ley. El magistrado tendrá facultad para salvaguardar el derecho o garantía, o para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida. Si se tratara de una cuestión electoral, o relativa a organizaciones políticas, será competente la justicia electoral. El Amparo no podrá promoverse en la tramitación de causas judiciales, ni contra actos de órganos judiciales, ni en el proceso de formación, sanción y promulgación de las leyes. La ley reglamentará el respectivo procedimiento. Las sentencias recaídas en el Amparo no causarán estado.

Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que, por su naturaleza jurídica, pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo”

Toda persona, individual o colectivamente y sin requisitos especiales, tienen derecho a peticionar a las autoridades, por escrito, quienes deberán responder dentro del plazo y según las modalidades que la ley determine. Se reputará denegada toda petición que no obtuviese respuesta en dicho plazo