Ley de Presupuesto N° 20.446 - Uruguay

El porcentaje sobre el monto de recursos que corresponderá a los Gobiernos Departamentales, según lo previsto en el literal C) del artículo 214 de la Constitución de la República, será del 3,33 % (tres con treinta y tres por ciento) anual para los Ejercicios 2026 a 2029.
 

Este porcentaje se calculará sobre el total de los recursos del Presupuesto Nacional (incluyendo la totalidad de destinos 1 a 6 clasificados en los documentos presupuéstales) del ejercicio inmediato anterior, actualizado por el índice de Precios al Consumo (IPC) promedio del año, con la excepción de aquellos a los que la ley les asigne un destino especial, y los ingresos por: cuota salud a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, tasa consular, recupero de deudas para pago de juicios, recupero de préstamos, impuesto a primaria rural -previa deducción del monto establecido en el inciso segundo del artículo 636 de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986, en la redacción dada por el artículo 687 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996-, incremento de resultados, devoluciones y reintegro de gastos. 

De la partida resultante de aplicar dicho criterio se deducirán los montos establecidos en el inciso final del literal B) y del literal C) del artículo 618 de esta ley en la proporción correspondiente a la ejecución efectiva de las partidas establecidas en el inciso primero de dicho literal. 

La partida no podrá ser inferior a $ 26.200.000.000 (veintiséis mil doscientos millones de pesos uruguayos) expresada a valores promedio del Ejercicio 2025, ajustados por el índice de Precios al Consumo. 

La eventual diferencia entre esta y el importe resultante de aplicar el porcentaje arriba indicado sobre el monto total de los recursos que corresponda a los Gobiernos Departamentales se deducirá en partes iguales entre los tres siguientes ejercicios.

El acceso por parte de cada Gobierno Departamental al porcentaje que le corresponda de la partida que se establece en el inciso primero del artículo 613 de esta ley, se realizará en la medida en que se cumplan las metas que emerjan de compromisos de gestión, en base a las siguientes pautas y con la condición previa de no tener deudas pendientes de pago por los consumos corrientes de los servicios públicos prestados por la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, por la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado, por la Administración Nacional de Correos, por la Administración Nacional de Telecomunicaciones y por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland: A) El cumplimiento de las resoluciones adoptadas en forma unánime por el Congreso de Intendentes. B) La remisión en fecha a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la información relativa a los aspectos presupuéstales, financieros, de deuda y de sostenibilidad fiscal. C) Incluir en sus páginas web todas las normas sujetas a la obligación de ser publicadas, de acuerdo a la Ley N° 18.381, de 17 de octubre de 2008, sobre el derecho de acceso a la información pública. D) Publicar en sus páginas web la información relativa a su gestión financiera presentada ante el Tribunal de Cuentas (Presupuesto y Rendición de Cuentas) dentro de los treinta días de presentada la información a dicho Tribunal. Esa misma información será remitida en el plazo antes mencionado a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en formato digital. E) Incluir en sus páginas web y en la de Compras Estatales la información vinculada a sus compras públicas, en cumplimiento del artículo 31 de la Ley N° 18.834, de 4 de noviembre de 2011, y sus modificativas (artículo 50 del Tocaf). F) Transferir en un plazo razonable, a determinar por la Comisión Sectorial prevista en el literal B) del inciso quinto del artículo 230 de la Constitución de la República, a una cuenta bancaria a la orden del Municipio correspondiente los recursos del literal A) del Fondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios establecido en el artículo 618 de esta ley. Dicha obligación también se extiende a los demás literales, salvo aquellos que, por acuerdo expreso entre los Municipios e Intendencias, sean administrados por las Intendencias. G) Crear, en el ámbito de la Comisión Sectorial de Descentralización, una mesa de compensación para trabajar sobre las obligaciones mutuas entre las Intendencias y los organismos del Gobierno Nacional.

Los compromisos de gestión a adoptarse deberán contar con informe previo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Cada Intendencia se compromete a nombrar un único referente a efectos de centralizar el seguimiento de los compromisos de gestión y constituirse en el interlocutor oficial a efectos de cualquier comunicación relativa a los mismos. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto convocará un Comité Evaluador para hacer un seguimiento del cumplimiento de los compromisos de gestión, integrado por un referente del Poder Ejecutivo y otro del Congreso de Intendentes y elaborará, al 31 de julio de cada año, un informe que se presentará ante la Comisión Sectorial prevista en el literal B) del inciso quinto del artículo 230 de la Constitución de la República. En caso de incumplimiento, el porcentaje que le corresponda al Gobierno Departamental se calculará en base a una partida equivalente al 2,9 % (dos con nueve por ciento). Los montos mínimos serán proporcionales a los establecidos en el artículo 613 de esta ley.

De la partida resultante del artículo 613 de esta ley se deducirán sucesivamente: A) En primer lugar, el 12,9 % (doce con nueve por ciento) que se destinará al Gobierno Departamental de Montevideo, deduciendo del mismo el importe ejecutado por dicho Gobierno Departamental, del Proyecto 999 "Mantenimiento de la Red Vial Departamental", del programa 372 "Caminería Departamental", de la unidad ejecutora 002 "Presidencia de la República", del Inciso 24 "Diversos Créditos". B) En segundo lugar, el total ejecutado por los restantes Gobiernos Departamentales, del Proyecto 999 "Mantenimiento de la Red Vial Departamental", del programa 372 "Caminería Departamental", de la unidad ejecutora 002 "Presidencia de la República", del Inciso 24 "Diversos Créditos". El Proyecto 999 antes mencionado se distribuirá y ejecutará conforme a los criterios establecidos por la Comisión Sectorial prevista en el literal B) del inciso quinto del artículo 230 de la Constitución de la República. C) En tercer lugar, las partidas ejecutadas del Proyecto 960 "Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional", del programa 492 "Apoyo a Gobiernos Departamentales y locales", de la unidad ejecutora 002 "Presidencia de la República", del Inciso 24 "Diversos Créditos".

El remanente se distribuirá entre los Gobiernos Departamentales del interior de la República, de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

Departamento Porcentaje (%) 

Artigas 5,68 

Canelones 10,09 

Cerro Largo 5,83 

Colonia 4,89 

Durazno 5,13 

Flores 2,78 

Florida 4,52 

Lavalleja 4,42 

Maldonado 7,92 

Paysandú 6,44 

Río Negro 4,74 

Rivera 5,32 

Rocha 5,03 

Salto 6,81 

San José 4,19 

Soriano 5,34 

Tacuarembó 6,29

Treinta y Tres 4,58

Facúltase al Poder Ejecutivo, a propuesta del Congreso de Intendentes, y previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a incrementar las asignaciones presupuéstales de los proyectos de inversión mencionados en los literales B) y C) de este artículo con cargo a la partida referida en el artículo 613 de esta ley.

El Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM), creado por la Ley 19.272, tiene como objeto financiar la gestión de los Municipios para el cumplimiento de sus cometidos. Es un instrumento que forma parte de la estrategia nacional de descentralización, orientada al fortalecimiento institucional del tercer nivel de gobierno.
La Ley de Presupuesto Nº 20.446 (Presupuesto Nacional 2025-2029) establece en su Art. 618 las partidas anuales del Fondo, distribuidas en tres literales:
A) $254.988.712 (a valores del 1° de enero de 2025, ajustado anualmente por IPC), distribuidos en partidas iguales entre todos los Municipios del país.
B) $1.574.355.710 (a valores del 1° de enero de 2025, ajustado anualmente por IPC), distribuidos conforme a criterios establecidos por la Comisión Sectorial de Descentralización, que tienen en cuenta el número de habitantes, la superficie, las Necesidades Básicas Insatisfechas y el nivel de educación de la población de cada Municipio.
C) $638.252.170 (a valores del 1° de enero de 2025, ajustado anualmente por IPC), sujeto al cumplimiento de metas que emerjan de compromisos de gestión celebrados entre los Municipios y los Gobiernos Departamentales.
En ningún caso estas partidas pueden afectarse a gastos de recursos humanos. No puede asignarse más del 30% del monto de cada Municipio a otros gastos de funcionamiento, ni menos del 30% a obras de infraestructura o residuos. La compra de maquinaria no puede superar el 50% del monto total del proyecto.

Créase el "Fondo de Inversiones Estratégicas" con el objetivo de atender las necesidades de inversión en el territorio con el criterio de equidad territorial, en el marco del acuerdo alcanzado por el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes, de 30 de julio de 2025, al amparo del literal C) del artículo 214 de la Constitución de la República. A tales efectos, facúltase a la Contaduría General de la Nación, previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a habilitar en el Inciso 24 "Diversos Créditos", unidad ejecutora 024 "Dir. Gral. de Secretaría - (M.E.F.)", programa 492 "Apoyo a Gobiernos Departamentales y locales", Financiación 1.1 "Rentas Generales" una partida anual de hasta US$ 16.000.000 (dieciséis millones de dólares de Estados Unidos de América). Los proyectos a ejecutarse con cargo al "Fondo de Inversiones Estratégicas" serán aprobados por la Comisión Sectorial de Descentralización con informe previo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La distribución de este Fondo se realizará, atendiendo el acuerdo antes mencionado, conforme lo establezca la Comisión Sectorial de Descentralización. Los plazos de ejecución y los montos serán los establecidos en el acuerdo alcanzado por el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes.