Derecho a la ciudad en México

México no contempla el Derecho a la Ciudad en su Constitución, pero a nivel subnacional ciudades como Ciudad de Mexico si lo contemplan, aunque no desde una directriz nacional.

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024                                                                                                                                                                                                                                              

Art.  8. Desarrollo Urbano y Vivienda. Hemos comenzado el Programa de Mejoramiento Urbano y Vivienda en 14 municipios del país, tanto en ciudades de la frontera norte como en polos de desarrollo turístico, para  42 aminorar el contraste entre zonas con hoteles de gran lujo, desarrollos urbanos exclusivos y colonias marginadas. Se realizarán obras de rehabilitación y/o mejoramiento de espacios públicos. El programa abarca ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros; así como colonias marginadas de cuatro turísticos: Los Cabos, Bahía de Banderas, Acapulco y Solidaridad. La vivienda social será una prioridad y se realizarán miles de acciones de mejoramiento, ampliación y sustitución de vivienda. Solo este año se van a reestructurar 194 mil créditos del Infonavit, lo que va a beneficiar a miles de familias trabajadoras.

Programa de Gobierno de la Ciudad de México                                                                                                                                                                                                                            

2.2.2 Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos El derecho a la ciudad pasa por el acceso al espacio público y el esparcimiento. De acuerdo con la Constitución de la ciudad, “El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegurala justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía” Bajo una perspectiva social del urbanismo y el medio ambiente, nuestro gobierno establecerá como fundamentales los espacios públicos y la cultura como articuladores del tejido social y la equidad. Promoveremos, con el acuerdo de los habitantes de colonias, barrios y pueblos, el rescate, la ampliación y la construcción de espacios públicos para establecer lugares de encuentro y convivencia dignos (...).

No se encontró reconocimiento explícito del Derecho a la Ciudad por parte de instrumentos vinculantes ratificados por el país.

Sin embargo, se han realizado diversos avances que contribuyen a entender el derecho a la ciudad y su importancia como un elemento estructural para promover políticas de desarrollo urbano encaminadas a construir ciudades justas, democráticas y sostenibles. El Tercer Foro Social Mundial (2003) culminó en la formulación y negociación de una “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad” (2005), un instrumento dirigido a contribuir con las luchas urbanas y con el proceso de reconocimiento, en el sistema internacional de los derechos humanos, del derecho a la ciudad.

Con el objetivo de promover y defender el cumplimiento del Derecho a la Ciudad a todos los niveles, la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (PGDC) fue lanzada en 2014, una red de más de 250 organizaciones locales, nacionales, regionales e internacionales comprometidos con la acción política y el cambio social para la implementación del derecho.

El reconocimiento del Derecho a la Ciudad dentro del proceso de negociación de Hábitat III de las Naciones Unidas, culminando en la adopción de la Nueva Agenda Urbana (2016) es un logro muy significativo. La NAU es la guía global más importante para mostrar de forma clara, cómo la urbanización bien planificada y gestionada puede ser una fuerza transformadora para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).