Ley de Vivienda de 2006 - México

La presente Ley es reglamentaria del artículo 4to de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés
social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los
instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa. La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y organizará las
actividades inherentes a la materia, por sí y con la participación de los sectores social y privado, de
acuerdo con las disposiciones de esta Ley.
La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala este
ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal en materia de vivienda, su coordinación con los gobiernos de las
entidades federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y privado, a fin de sentar las
bases para aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a los centros de población
más desarrollados con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los de menor
desarrollo, para corregir las disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un
desordenado crecimiento de las zonas urbanas.

Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones
jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con
espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de
desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos. 

Sistema Nacional de Vivienda. Se establece el Sistema Nacional de Vivienda como un mecanismo permanente de coordinación y concertación entre los sectores público, social y privado, que tiene por objeto:
I. Coordinar y concertar las acciones para cumplir los objetivos, prioridades y estrategias de la política
nacional de vivienda;
II. Dar integralidad y coherencia a las acciones, instrumentos, procesos y apoyos orientados a la
satisfacción de las necesidades de vivienda, particularmente de la población en situación de pobreza;
III. Promover y garantizar la participación articulada de todos los factores productivos cuyas
actividades incidan en el desarrollo de la vivienda;
IV. Fortalecer la coordinación entre el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas y
municipios, así como inducir acciones de concertación con los sectores social y privado, y
V. Promover la coordinación interinstitucional entre las diferentes instancias federales relacionadas
con la vivienda.

El Sistema Nacional de Vivienda estará integrado por:
I. El Consejo;
II. La Comisión Intersecretarial;
III. La Secretaría;
IV. La Comisión, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; el Fondo de la
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y la Sociedad
Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, y
V. Los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y, en su caso, de las alcaldías, así
como los sectores social y privado, en los términos de los acuerdos y convenios que al efecto se
celebren.       

Las políticas y los programas públicos de vivienda, así como los instrumentos y apoyos
a la vivienda deberán considerar los distintos tipos y modalidades de producción habitacional, entre otras:
la promovida empresarialmente y la autoproducida o autoconstruida, en propiedad, arrendamiento o en
otras formas legítimas de tenencia; así como para las diversas necesidades habitacionales: adquisición o
habilitación de suelo; lotes con servicios mínimos; parques de materiales; mejoramiento de vivienda;
sustitución de vivienda; vivienda nueva; y, capacitación, asistencia integral e investigación de vivienda y
suelo, propiciando que la oferta de vivienda digna refleje los costos de suelo, de infraestructura, servicios,
edificación, financiamiento y titulación más bajos de los mercados respectivos, para lo cual incorporarán
medidas de información, competencia, transparencia y las demás que sean convenientes para lograr este
propósito.     

La programación del sector público en materia de vivienda se establecerá en:
I. El Programa Nacional de Vivienda;
II. Los programas especiales y regionales;
III. Los programas institucionales de las entidades de la Administración Pública Federal en materia de vivienda;
IV. Los programas de la Comisión y de las dependencias y demás entidades de la Administración Pública Federal, y
V. Los programas de las entidades federativas, municipios y alcaldías.
Los programas federales a que se refiere este artículo se elaborarán de conformidad con las
disposiciones de esta Ley y demás ordenamientos aplicables. En el caso de los programas de las
entidades federativas, municipios y alcaldías se observará la legislación local correspondiente.
Los programas, proyectos, estímulos, apoyos, instrumentos económicos, así como las acciones que
se lleven a cabo por la aplicación de la presente Ley y demás disposiciones en la materia, en los que se
ejerzan recursos de carácter federal, se sujetarán a la disponibilidad que para tal fin se contemple en el
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente y deberán observar las
disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, la Ley de Ingresos de la
Federación y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de que se trate.

El Programa Nacional de Vivienda contendrá:
I. Un diagnóstico de la situación habitacional de todo el país, así como un señalamiento específico de
sus principales problemas y tendencias;
II. Los objetivos que regirán el desempeño de las acciones de vivienda de la Administración Pública
Federal y los mecanismos de coordinación con las entidades federativas y los municipios, así como para
la concertación de acciones con los sectores social y privado;
III. La estrategia general habitacional, que comprenderá las acciones básicas a seguir, la definición de
las distintas modalidades de atención, el señalamiento de metas y prioridades y su previsible impacto en
el sistema urbano, así como en el desarrollo regional, económico y social;
IV. La identificación de las fuentes de financiamiento y la estimación de los recursos necesarios para
las acciones de vivienda, tanto para hacer posible su oferta como la satisfacción de su demanda, así
como los mecanismos para fomentar la participación y el financiamiento público, social y privado para la
vivienda.

Los programas institucionales en materia de vivienda deberán ajustarse a la Ley de
Planeación y a lo dispuesto por esta Ley y el Programa Nacional de Vivienda.
Las entidades de la Administración Pública Federal que lleven a cabo programas de vivienda u
otorguen financiamiento, deberán enviar sus programas operativos anuales a la Comisión para su
opinión, la cual será remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se considere en
el proceso de presupuestación.