Ley de Vivienda de 2006 - México

La presente Ley es reglamentaria del artículo 4to de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés
social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los
instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa. La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y organizará las
actividades inherentes a la materia, por sí y con la participación de los sectores social y privado, de
acuerdo con las disposiciones de esta Ley.
La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala este
ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal en materia de vivienda, su coordinación con los gobiernos de las
entidades federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y privado, a fin de sentar las
bases para aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a los centros de población
más desarrollados con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los de menor
desarrollo, para corregir las disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un
desordenado crecimiento de las zonas urbanas.

Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones
jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con
espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de
desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos. 

Sistema Nacional de Vivienda. Se establece el Sistema Nacional de Vivienda como un mecanismo permanente de coordinación y concertación entre los sectores público, social y privado, que tiene por objeto:
I. Coordinar y concertar las acciones para cumplir los objetivos, prioridades y estrategias de la política
nacional de vivienda;
II. Dar integralidad y coherencia a las acciones, instrumentos, procesos y apoyos orientados a la
satisfacción de las necesidades de vivienda, particularmente de la población en situación de pobreza;
III. Promover y garantizar la participación articulada de todos los factores productivos cuyas
actividades incidan en el desarrollo de la vivienda;
IV. Fortalecer la coordinación entre el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas y
municipios, así como inducir acciones de concertación con los sectores social y privado, y
V. Promover la coordinación interinstitucional entre las diferentes instancias federales relacionadas
con la vivienda.

El Sistema Nacional de Vivienda estará integrado por:
I. El Consejo;
II. La Comisión Intersecretarial;
III. La Secretaría;
IV. La Comisión, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; el Fondo de la
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y la Sociedad
Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, y
V. Los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y, en su caso, de las alcaldías, así
como los sectores social y privado, en los términos de los acuerdos y convenios que al efecto se
celebren.       

Las políticas y los programas públicos de vivienda, así como los instrumentos y apoyos
a la vivienda deberán considerar los distintos tipos y modalidades de producción habitacional, entre otras:
la promovida empresarialmente y la autoproducida o autoconstruida, en propiedad, arrendamiento o en
otras formas legítimas de tenencia; así como para las diversas necesidades habitacionales: adquisición o
habilitación de suelo; lotes con servicios mínimos; parques de materiales; mejoramiento de vivienda;
sustitución de vivienda; vivienda nueva; y, capacitación, asistencia integral e investigación de vivienda y
suelo, propiciando que la oferta de vivienda digna refleje los costos de suelo, de infraestructura, servicios,
edificación, financiamiento y titulación más bajos de los mercados respectivos, para lo cual incorporarán
medidas de información, competencia, transparencia y las demás que sean convenientes para lograr este
propósito.     

La programación del sector público en materia de vivienda se establecerá en:
I. El Programa Nacional de Vivienda;
II. Los programas especiales y regionales;
III. Los programas institucionales de las entidades de la Administración Pública Federal en materia de vivienda;
IV. Los programas de la Comisión y de las dependencias y demás entidades de la Administración Pública Federal, y
V. Los programas de las entidades federativas, municipios y alcaldías.
Los programas federales a que se refiere este artículo se elaborarán de conformidad con las
disposiciones de esta Ley y demás ordenamientos aplicables. En el caso de los programas de las
entidades federativas, municipios y alcaldías se observará la legislación local correspondiente.
Los programas, proyectos, estímulos, apoyos, instrumentos económicos, así como las acciones que
se lleven a cabo por la aplicación de la presente Ley y demás disposiciones en la materia, en los que se
ejerzan recursos de carácter federal, se sujetarán a la disponibilidad que para tal fin se contemple en el
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente y deberán observar las
disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, la Ley de Ingresos de la
Federación y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de que se trate.

El Programa Nacional de Vivienda contendrá:
I. Un diagnóstico de la situación habitacional de todo el país, así como un señalamiento específico de
sus principales problemas y tendencias;
II. Los objetivos que regirán el desempeño de las acciones de vivienda de la Administración Pública
Federal y los mecanismos de coordinación con las entidades federativas y los municipios, así como para
la concertación de acciones con los sectores social y privado;
III. La estrategia general habitacional, que comprenderá las acciones básicas a seguir, la definición de
las distintas modalidades de atención, el señalamiento de metas y prioridades y su previsible impacto en
el sistema urbano, así como en el desarrollo regional, económico y social;
IV. La identificación de las fuentes de financiamiento y la estimación de los recursos necesarios para
las acciones de vivienda, tanto para hacer posible su oferta como la satisfacción de su demanda, así
como los mecanismos para fomentar la participación y el financiamiento público, social y privado para la
vivienda.

Los programas institucionales en materia de vivienda deberán ajustarse a la Ley de
Planeación y a lo dispuesto por esta Ley y el Programa Nacional de Vivienda.
Las entidades de la Administración Pública Federal que lleven a cabo programas de vivienda u
otorguen financiamiento, deberán enviar sus programas operativos anuales a la Comisión para su
opinión, la cual será remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se considere en
el proceso de presupuestación.          

Las atribuciones en materia de vivienda serán ejercidas por el Gobierno Federal, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías en sus respectivos ámbitos de competencia. Las atribuciones que en materia de vivienda tiene el Ejecutivo Federal serán ejercidas por la Secretaría, la Comisión y por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, según el ámbito de competencia que ésta y otras leyes les confieran.

La Secretaría promoverá que los gobiernos de las entidades federativas expidan sus respectivas leyes de vivienda, en donde establezcan la responsabilidad y compromiso de los gobiernos de las entidades federativas, municipales y, en su caso alcaldías, en el ámbito de sus atribuciones para la solución de los problemas habitacionales de sus comunidades. Entre otras tareas y responsabilidades, deberá promoverse que:
A.- Los gobiernos de las entidades federativas asuman las siguientes atribuciones:
I. Formular y aprobar los programas estatales de vivienda, en congruencia con los lineamientos de la Política Nacional señalados por esta Ley, así como evaluar y vigilar su cumplimiento;
II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda de la entidad federativa, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza;
III. Convenir programas y acciones de suelo y vivienda con el Gobierno Federal, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y las alcaldías; bajo criterios de desarrollo regional, ordenamiento territorial, planeación urbana y vivienda sustentable, procurando el aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente;
IV. Apoyar a las autoridades municipales y las alcaldías que lo soliciten, en la planeación, gestión de recursos, operación de programas y en la ejecución de acciones en materia de suelo y vivienda;
V. Promover la participación de los sectores social y privado en la instrumentación de los programas y acciones de suelo y vivienda, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en los demás ordenamientos legales aplicables, y
VI. Informar a la sociedad sobre las acciones que realicen en materia de suelo y vivienda.
B.- Los municipios o las alcaldías asuman las siguientes atribuciones:
I. Formular, aprobar y administrar los programas municipales y de las alcaldías, de suelo y vivienda, de conformidad con los lineamientos de la Política Nacional señalados por esta Ley, en congruencia con el programa estatal correspondiente y demás ordenamientos locales aplicables, así como evaluar y vigilar su cumplimiento;
II. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda en su ámbito territorial, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza;
III. Establecer las zonas para el desarrollo habitacional, de conformidad con la legislación aplicable en materia de desarrollo urbano;
IV. Coordinar, con el gobierno de su entidad federativa, la ejecución y el seguimiento del correspondiente programa estatal de vivienda;
V. Prestar, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, los servicios públicos en los municipios y en las alcaldías, a los predios en los que se realicen acciones de vivienda derivados de los diferentes programas de vivienda federales, de las entidades federativas, municipales o de alcaldías;
VI. Coordinar acciones con el gobierno de su entidad federativa con la finalidad de recibir apoyo para la planeación, gestión de recursos, operación de programas y ejecución de acciones en materia de suelo y vivienda, y
VII. Coordinar acciones en materia de suelo y vivienda con otros municipios u otras alcaldías, bajo criterios de desarrollo regional, ordenamiento territorial, planeación urbana y vivienda sustentable, procurando el aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente.