Política Nacional de Vivienda y Urbanismo de Perú

Objetivo principal

En el Perú, los últimos instrumentos que delineaban la política urbana y de vivienda (el Plan Nacional de Vivienda y el Plan Nacional de Desarrollo Urbano), dejaron de estar vigentes en el año 2015. La PNVU no sólo llena ese vacío, sino que propone un nuevo enfoque en el que la vivienda, el urbanismo y sus componentes (espacios públicos, equipamientos, infraestructura de movilidad, etc.), ya no se tratan de manera fragmentada sino articulada y conjunta.

La habitabilidad es el concepto central sobre la base del cual se construye el problema público identificado en la PNVU. La habitabilidad se refiere tanto a las características físicas y espaciales de las viviendas (“habitabilidad interna”) como a las características del barrio y el entorno urbano o rural en donde se sitúan estas (“habitabilidad externa”). En esa línea, el objetivo central de la PNVU es proveer a todos los peruanos de condiciones de habitabilidad dignas y adecuadas. (pg. 4)

Principios transversales

La política enumera 7 principios (pg. 32-33), los cuales son:

1. Principio de accesibilidad universal
Este principio consiste en planear, proyectar, construir, rehabilitar y conservar el entorno de modo que tenga en cuenta las necesidades y los requerimientos de todas las personas sea cual sea su edad, condición o discapacidad. Busca facilitar el desenvolvimiento y uso de productos, servicios, entornos y aplicaciones, siendo fácilmente adaptable a todas las personas desde características como la comodidad, seguridad y autonomía personal. La accesibilidad universal abarca los ámbitos de la edificación, las vías y espacios públicos, parques y jardines, entorno natural, transporte, señalización, comunicación, tecnología y prestación de servicios. Se logra a través del Diseño Universal y los Ajustes Razonables.

2. Principio de derecho a la vivienda digna y adecuada
Este principio busca garantizar que toda persona tenga acceso a una vivienda digna y adecuada, lo cual incluye que las soluciones habitacionales que se propongan cuenten con un acceso a servicios básicos e infraestructura pública necesaria. Bajo este principio se realza la obligación del Estado de promover los mecanismos y herramientas que permitan incrementar la oferta de vivienda para toda la población, focalizándose las acciones a favor de las personas que viven en situación de pobreza o vulnerabilidad social.

3. Principio del derecho a la ciudad
Bajo este principio se sostiene que la ciudadanía pueda habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades o centros poblados justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos sujeto a las limitaciones establecidas por la normativa de la materia y el bien común.

4.Principio de la función social de la propiedad
Este principio se refiere al ejercicio del derecho de propiedad privada, entendido desde su doble dimensión, como derecho y como función social, en armonía con el bien común y el ambiente. Ello implica que, atendiendo al bien común, el Estado establece límites, necesarios, proporcionales e idóneos, al regular y restringir el ejercicio del derecho de propiedad privada, garantizando su titularidad; en el marco de lo dispuesto en la Constitución Política del Perú, el Código Civil y las normas legales que rigen sobre la materia.

5.Principio de inclusión digital
Las entidades aseguran la igualdad de oportunidades en el acceso, uso y aprovechamiento de los servicios digitales, aplicando estándares o mecanismos de accesibilidad, usabilidad, seguridad digital u otros, así como también implementan espacios o centros de acceso público para el fortalecimiento de capacidades y acceso a dichos servicios, promoviendo la ciudadanía digital en la planificación territorial. Asimismo, deben asegurar que los datos de carácter público se encuentren disponibles y sean accesibles, comprensibles y relevantes para la ciudadanía, con la finalidad de responder a sus demandas y necesidades; promoviendo la transparencia y rendición de cuentas de sus acciones y resultados.

6. Principio de participación social
La intervención, concertación y cooperación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones y la coproducción de los planes urbanos, gestión urbana, monitoreo y rendición de cuentas, en las diferentes escalas de planificación urbana. En ese sentido, el Estado promueve, facilita y acompaña la creación, generación y conducción de los espacios de participación ciudadana efectiva.

7.Principio de centralidad en las necesidades y demandas de la ciudadanía
Toda entidad pública, en los distintos niveles de gobierno, desarrolla su planificación territorial con el propósito de atender y satisfacer las demandas, problemas o necesidades de la ciudadanía, con ello se asegura la generación de valor público para los habitantes de los centros poblados."            

Objetivos estratégicos

• Garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados del país a través de la planificación urbana y territorial
• Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo de las ciudades y centros poblados del país
• Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad social
• Mejorar las condiciones de habitabilidad externa en las ciudades y centros poblados del país

(pg. 34)          

Estrategias de Acción

La Política presenta las siguientes estrategias de acción (pg. 13-19).

• L1.1. Mejorar el marco metodológico de la planificación urbana y territorial a nivel nacional.
• L1.2. Fomentar mecanismos de implementación en temas de planificación urbana y territorial en los gobiernos locales.
• L1.3. Fortalecer las capacidades para la planificación urbana y territorial de los gobiernos regionales y locales.
• L.2.1. Fortalecer el sistema de organización e integración de los centros poblados y ciudades del país.
• L2.2. Fortalecer las medidas de optimización de uso de suelo en las ciudades y centros poblados del país.
• L2.3. Desincentivar la ocupación informal y especulativa del suelo en las ciudades y centros poblados del país.
• L2.4. Asegurar la producción de suelo en zonas seguras y servidas en las ciudades y centros poblados del país.
• L3.1. Ampliar las alternativas existentes de acceso a vivienda adecuada priorizando a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad social.
• L3.2. Mejorar la calidad de las viviendas en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad social.
• L.3.3. Asegurar la provisión de viviendas adecuadas a la realidad local en las ciudades y centros poblados del país.
• L4.1 Fortalecer la función social del espacio público en las ciudades y centros poblados del país.
• L4.2. Garantizar el acceso equitativo de equipamiento e infraestructura urbana en las ciudades y centros poblados del país. 

Género

Dentro de la NUP no se menciona directamente objetivos o estrategias relacionadas con un enfoque de género pero si se incorpora dentro de ciertos objetivos y desafíos detectados. La Política Nacional de Vivienda y Urbanismo al 2030 incorpora el enfoque de género de manera transversal, como "una herramienta de análisis que permite identificar los roles y tareas que realizan los hombres y las mujeres en una sociedad, así como las asimetrías, relaciones de poder e inequidades que se producen entre ellos." (pg. 30).
Dentro de uno de los problemas detectados respecto a la carencia de equipamiento en ciudaddes y centros poblados, se explica que "según publicaciones de resultados del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), el servicio diurno de Cuna Más contribuye a la inserción de las mujeres pobres urbanas en el mercado laboral (Arrunategui y Giesecke, 2021). Lo anterior sugiere que resulta prioritario que se incorporen enfoques de protección social, integración de personas con discapacidad y enfoque de género en la provisión de infraestructura y equipamientos." (pg. 24).
Además dentro de los Objetivos priotirarios 1 y 4 una de las políticas relacionadas que se ponen para tomar en cuenta y desarrollarlas es la "Política Nacional de Igualdad de Género".