Derecho a la ciudad en Ecuador

Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida” 2017-2021

EJE 1- Política 1.15 "Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que permita el acceso equitativo a los espacios públicos con enfoque inclusivo."

EJE 1- Política 1.1. "Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas sus dimensiones, a fin de garantizar la equidad económica, social, cultural y territorial." 

El Estatuto Autonómico de Quito está actualmente en discusión. El Distrito Metropolitano de Quito fue legalmente establecido con fecha 27 de diciembre de 1993 luego de la publicación en el Registro Oficial la Ley de Régimen del Distrito Metropolitano de Quito. La Constitución del Ecuador de 2008 y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), vigente desde 2010, establecen que las ciudades con más del siete por ciento de la población nacional podrán conformar distritos metropolitanos que se regirán por un estatuto de autonomía como su norma institucional básica. En su parte dogmática, el Estatuto deberá recoger aspectos como el desarrollo sustentable, el régimen de uso del suelo y urbanístico, la implementación de un sistema de participación ciudadana, el plan metropolitano de desarrollo, la prestación de servicios públicos y construcción de obras, el desarrollo de actividad turística, el desarrollo económico local, el derecho al hábitat y a la vivienda, los sistemas de protección integral, la prevención de la contaminación, el control del espacio público y las actividades económicas y las políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su jurisdicción.
El día 18 de febrero del presente año, se presentó el Primer Borrador del Proyecto de Estatuto de Autonomía del Distrito Metropolitano de Quito para el comienzo de la etapa de discusión y participación ciudadana. El segundo borrador debía ser entregado el día 18 de marzo de 2020. 

No se encontró reconocimiento explícito del Derecho a la Ciudad por parte de instrumentos vinculantes ratificados por el país.

Sin embargo, se han realizado diversos avances que contribuyen a entender el derecho a la ciudad y su importancia como un elemento estructural para promover políticas de desarrollo urbano encaminadas a construir ciudades justas, democráticas y sostenibles. El Tercer Foro Social Mundial (2003) culminó en la formulación y negociación de una “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad” (2005), un instrumento dirigido a contribuir con las luchas urbanas y con el proceso de reconocimiento, en el sistema internacional de los derechos humanos, del derecho a la ciudad.

Con el objetivo de promover y defender el cumplimiento del Derecho a la Ciudad a todos los niveles, la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (PGDC) fue lanzada en 2014, una red de más de 250 organizaciones locales, nacionales, regionales e internacionales comprometidos con la acción política y el cambio social para la implementación del derecho.

El reconocimiento del Derecho a la Ciudad dentro del proceso de negociación de Hábitat III de las Naciones Unidas, culminando en la adopción de la Nueva Agenda Urbana (2016) es un logro muy significativo. La NAU es la guía global más importante para mostrar de forma clara, cómo la urbanización bien planificada y gestionada puede ser una fuerza transformadora para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).