Movilidad urbana sostenible: beneficios sociales, ambientales y económicos
Metrobus CDMX
La movilidad urbana desempeña funciones social y económica fundamentales como es el proporcionar acceso a oportunidades y servicios esenciales en las ciudades. En una región caracterizada por la desigualdad, las deficiencias de los sistemas de transporte público impactan de forma desproporcionada a los más vulnerables. Solamente el 43% de la población de América Latina y el Caribe tiene acceso conveniente al transporte público, y sus usuarios gastan 70% más tiempo en el desplazamiento al trabajo comparados a quienes utilizan vehículos privados (en promedio, 70 y 42 minutos, respectivamente, según encuestas de movilidad de seis ciudades1 de la región).
Desde una perspectiva ambiental, el sector de transporte lidera las emisiones de gases de efecto invernadero en las ciudades, lo que vincula estrechamente la acción climática en áreas urbanas a los cambios en la movilidad. De hecho, la movilidad urbana ha ganado relevancia en la agenda de distintos gobiernos locales y nacionales, con enfoque en la electrificación de los vehículos de transporte público.
En ese contexto, la CEPAL considera la electromovilidad como dinamizadora de un Gran Impulso para la Sostenibilidad, dado que la transición energética en el sector también abre oportunidades de crecimiento económico en distintas cadenas productivas. El stock regional de buses, microbuses y similares, en parte producidos internamente, supera los 2,7 millones de unidades, y tuvo crecimiento superior a los 5% anual en las últimas décadas.
Sin embargo, ¿cómo asegurar que este cambio hacia la electromovilidad sea una oportunidad para un desarrollo urbano verdaderamente más sostenible? Y ¿cómo asegurar que la agenda de movilidad urbana no esté dominada solamente por un tema de cambio de tecnología de los vehículos?
El fin del modelo basado en combustibles fósiles requerirá una serie de ajustes en la forma como se organizan los sistemas de transporte público, lo que representa, afortunadamente, una oportunidad para repensar la planificación urbana y promover un enfoque integral de la política de movilidad.
Las características de los buses eléctricos, como el mayor costo de adquisición y el menor costo de operación, sugieren la necesidad de evolucionar hacia sistemas de movilidad pública más estructurados, con plazos de concesiones más largos y que requieren mayor capacidad de inversión. En definitiva, la necesidad de adaptar nuevos modelos de negocios que estimulen la entrada de actores con mayor disponibilidad de capital y con la capacidad de ofrecer mejores condiciones de servicio.
Ello deberá estimular el debate sobre el financiamiento de los sistemas públicos de movilidad y la composición de las tarifas. El transporte público enfrentaba una crisis de demanda que fue agravada por la pandemia, y encara un dilema entre la creciente necesidad de subsidios, que en algunas ciudades ya se acercan a una décima parte del presupuesto local, y la compleja viabilidad política y social de equilibrar las finanzas por medio de ajustes en las tarifas. Es imposible descuidar que, excepto para el 20% más rico de la población, el gasto en transporte público se acerca al 5% del presupuesto de los hogares.
Los desafíos técnicos y financieros de los sistemas refuerzan la importancia de gestionar la movilidad también a partir del ordenamiento urbano, que es, fundamentalmente, el determinante de las necesidades de viaje. Los gobiernos locales, incluso aquellos que no gestionan directamente el transporte público, tienen la facultad (y la oportunidad) de implementar políticas de gestión de suelo y diseño urbano que definen la ubicación y las características de los polos receptores y atractores de viajes.
La electromovilidad ha colocado el transporte público en el centro de la agenda política. Más que viabilizar un cambio tecnológico, América Latina y el Caribe debe aprovechar la transición para integrar diversas agendas urbanas, logrando que sus ciudades adopten modelos de ocupación que disminuyan la necesidad de desplazamientos motorizados e incentivando que el transporte público sea la opción preferente de gran parte de la población.
