Derecho a la vivienda en Argentina

Constitución de la Nación Argentina
 

(Proyecto de) Ley de Sistema Integral de Políticas para la vivienda y el hábitat (SIPVH)

Establece la creación de un Sistema Integral de Políticas para la Vivienda y el Hábitat (SIPVH) que articule, coordine, complemente políticas, programas y los diferentes recursos públicos que se destinan para atender el desarrollo habitacional, en el ejercicio de las responsabilidades del Estado, a través de sus diferentes organismos, poderes y jurisdicciones.

Art. 1. Creación y Objeto: Créase el (SIPVH) para la coordinación y concertación entre los sectores estatal, social, y privado con el objeto de hacer efectivo el derecho al hábitat, entendido como un ambiente sano y seguro, conformado por la tierra, la vivienda adecuada y los servicios e infraestructuras básicas, conforme a lo previsto en el Art. 14 bis de la Constitución Nacional y las Declaraciones, Pactos, Tratados y Convenios Internacionales suscriptos por la República Argentina.

(Anteproyecto de) Ley Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial

El proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial Nacional se plantea como el marco normativo que guía las políticas de ordenamiento territorial del país. En primer lugar define al OT como una función pública y luego de ello, fija los principios sobre los que se apoya el OT y define los objetivos y directrices que guían la política territorial. En la segunda parte define los derechos y deberes de lxs habitantxs del país en relación al ordenamiento territorial. En la tercera parte, define la institucionalidad del OT (autoridad de aplicación de la ley, planes y legislación que comprende el sistema y obligaciones del Gobierno Nacional en la materia). Finalmente, en la última parte, define los instrumentos de la política territorial, los que deberán ser reglamentados en cada una de las jurisdicciones.

El objeto de la presente ley es el establecimiento de los presupuestos mínimos del ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable, territorialmente equilibrado y socialmente justo, a través de la regulación del uso del suelo como recurso natural, económico y social, y de la localización condicionada de las actividades antrópicas.

Art. 16. Conceptualización del Suelo. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación y transformación y uso del suelo tienen como finalidad común su utilización conforme al interés general y según los principios del desarrollo sustentable, constituyendo éstas, finalidades que integran los dominios como constitutivas de su función social.
En virtud del principio de desarrollo sustentable, las políticas a que se refiere el apartado anterior deben propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la salud, la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, y procurando en particular: a) Un medio no urbano en el que la ocupación y explotación del suelo sean acordes con su aptitud ecológica y que se preserve del asentamiento de actividades que desvirtúen su carácter y atenten contra su vocación productiva y paisajística. b) Un medio urbano en el que la ocupación del suelo sea eficiente; que cuente con las infraestructuras y los servicios que le son propios; que prevea espacio para dotar de vivienda adecuada a todos sus habitantes y en el que los usos se combinen de forma funcional y protegiendo el patrimonio histórico-cultural. La prosecución de estos fines se adaptará a las peculiaridades que resulten del Plan Estratégico Territorial, adoptado en cada caso por los poderes públicos competentes en materia de ordenación territorial y urbanística.

Argentina cuenta también con el Plan Nacional de Suelo Urbano, reglamentado por las normas adjuntas.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Art. 11. "Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento." (Ratificación/Adhesión: 1986)

Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

Art. 14. “(...) 2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igual entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: (...) g) Gozar de las condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones” (Ratificación/Adhesión: 1985)

Convención sobre los Derechos del Niño

Art. 27. “Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho, y en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda” (Ratificación/Adhesión: 1990)

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial

Art. 5. “En conformidad con las obligaciones estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados parte se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: (...) e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular: iii) El Derecho a la Vivienda”. (Ratificación/Adhesión: 1968)

Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos

Art. 17. “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación” (Ratificación/Adhesión: 1986)

Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares

Art. 43, 1. “Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado de empleo en relación con: (d) El acceso a la vivienda, con inclusión de los planes sociales de vivienda, y la protección contra la explotación en materia de alquileres (Ratificación/Adhesión: 2007)