En 2018, alrededor del 30,8% de la población de América Latina y el Caribe estaba bajo la línea de la pobreza; en muchos lugares el hecho de tener un empleo no garantiza la capacidad para escapar de ella . Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y garantizar el trabajo decente.

La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el bajo consumo producen una erosión del contrato social básico subyacente en las sociedades democráticas: el derecho de todos a compartir el progreso. La creación de empleos de calidad sigue constituyendo un gran desafío para casi todas las economías de la región.

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